Desigualdad y falta de calidad las deudas de la educación en el país

Esta nota fue publicada en Argentina, por el “diario opositor”, que es vocero de la derecha, y seguramente no está interesado en la Educación, pero mediante una operación mediática, trata de incomodar al gobierno. También es cierto el panorama que describe.

Los expertos afirman que no se logró bajar la brecha digital entre alumnos ricos y pobres. Tampoco se pudo extender la enseñanza del segundo idioma y la doble jornada.
En la madrugada del 22 de diciembre de 2005, la Cámara de Diputados convertía en ley el Financiamiento Educativo. El ex presidente Néstor Kirchner conseguía así la que sería su carta más importante en educación. Con esa jugada, prometía llevar el presupuesto educativo hasta donde nadie lo había llevado, y se aseguraba de su lado a buena parte de los combativos gremios docentes.

Su esposa, Cristina Fernández, no se quedó atrás. “Me siento la Sarmiento del Bicentenario”, dijo la Presidenta en abril, al lanzar por segunda vez, el plan que llevará computadoras a todos los chicos de escuelas secundarias públicas. Cinco años después de la sanción de aquella ley, la calidad y la inequidad siguen siendo las deudas de un sistema educativo que, sin embargo, cada año recibe nuevas inyecciones de dinero.

Segundo idioma
Sólo en dos años, descendió en 27 puntos el porcentaje de chicos que no estudiaba ningún idioma. Pero casi el cuarenta por ciento de los alumnos primarios de todo el país continúa sin aprender otra lengua. Pero esa diferencia es mucho mayor cuando se mide lo que ocurre en escuelas privadas y públicas. Mientras que en las primeras este déficit se atenuó en un 52 por ciento, en las escuelas estatales fue de 21 por ciento.

Los datos fueron proporcionados por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia, de la UCA. Ianina Tuñón, coordinadora del área de Educación, explica: “A partir de la sanción de la ley se está avanzando pero con mucha inequidad, los más beneficiados son los chicos de las clases más acomodadas y aunque hay mayor presupuesto esto no promueve una distribución más equitativa de los recursos”.

Brecha digital
Algo similar a la enseñanza de una segunda lengua ocurre con computación, música, plástica o educación física. En 2005, el gobierno anunció que cada alumno secundario recibiría una computadora. Pero el reparto comenzó recién este año, el precio de las netbooks se triplicó y muchas escuelas del interior del país no están preparadas para poder utilizarlas.

Doble jornada
Pero quizás una de las mayores deudas de esta ley fue la promesa de llevar al 30 por ciento el acceso a escuelas de jornada completa. Hoy sólo va a colegios doble turno el 6 por ciento de los chicos.
La ampliación de la jornada escolar fue fijada por la ley de Financiamiento Educativo. Pero su importancia es tal, que fue ratificada al año siguiente con una nueva ley, la de Educación Nacional. Según la Unesco, un niño debería asistir un mímino de 825 a 1.000 horas de clase por año. Pero en Argentina, las escuelas primarias estatales apenas pueden garantizar 720.
Desde la sanción de la ley, hubo avances. Este año por primera vez se llegó a la meta prometida de llevar el presupuesto educativo al 6 por ciento del PBI, se garantizó casi el 100 por ciento de acceso al jardín de infantes para los chicos de 5 años, y los salarios docentes subieron 47 por ciento. La ley obligó a las provincias a sentarse a dialogar con la Nación políticas educativas.

El traspaso a las privadas
Pero nada de todo aquello alcanzó para frenar la caída en la calidad educativa —arrastrada durante décadas de desinversión— y evitar el traspaso de las escuelas públicas a las privadas. Así, uno de cada cuatro chicos asiste hoy a un colegio privado.
De acuerdo al Barómetro, en 2009, el 30 por ciento de los padres consultados deseaba cambiar de escuela a sus hijos. Sólo este año, la matrícula en los privados bonaerenses subió 4 por ciento.

Notas bajas
Los niveles de calidad, medidos por el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), colocan a la Argentina entre los países con peor rendimiento. De acuerdo a un informe elaborado por el Programa de Educación de Cippec, una ONG que controla el cumplimiento de la ley, “los resultados de calidad están muy por debajo del promedio, incluso claramente debajo de Chile y Uruguay”. En 2006, en la Argentina, la capacidad lectora de los alumnos descendió 11 por ciento. Guillermina Tiramonti, de Flacso, sostiene que “la escuela ya no cumple con la relación entre educación y trabajo, esa idea de que la educación garantiza el ingreso al mundo laboral. Tampoco se está planteando un diálogo con la cultura, las aulas están ancladas en un momento cultural pasado donde no hay diálogo con la modernidad”.

Más de seis horas duró el debate en el que se aprobó la ley de financiamiento. El oficialismo la aprobó por mayoría: 204 votos a favor, 37 en contra. Tras la sanción, el entonces ministro, Daniel Filmus, habló de reveer una “política de abandono”. Cinco años después, la revisión sigue pendiente.

Lo que dice la Ley
La ley de Financiamiento Educativo fue sancionada en diciembre de 2005. Su principal objetivo fue llevar de 4,2 por ciento al 6 del PBI el presupuesto educativo y fijó como meta el año 2010. Hoy es del 6,1 por ciento.

También ampliaba al 30 por ciento el acceso a las escuelas de doble jornada, dando prioridad a los sectores sociales más desprotegidos. Hoy es del 6 por ciento.

Se aseguraba además que el 100 por ciento de los chicos de cinco años pudieran asistir a un jardín de infantes. Hoy está en el 98 por ciento.

Se extendía también la enseñanza de la informática y de una segunda lengua.

La ley también buscó garantizar mejoras en las condiciones laborales y salariales de los maestros para jerarquizar la carrera docente.

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Las deudas educativas del Bicentenario

Durante los últimos doscientos años ha habido grandes avances y conquistas democráticas en América Latina. Una de ellas ha sido, sin lugar a dudas, la expansión de los sistemas educativos y la universalización del acceso a la educación básica, sumada a la significativa ampliación de la enseñanza media y superior, en buena parte de los países de la región. Sin embargo, a doscientos años de las gestas revolucionarias que dieron inicio a nuestra independencia, podemos observar que muchas de las aspiraciones de libertad y emancipación que guiaron las luchas del siglo XIX no siempre cristalizaron en políticas educativas a la altura de los desafíos que enfrentaron y enfrentan las naciones latinoamericanas. A doscientos años de nuestra independencia, muchas deudas educativas se acumulan, alimentando un inventario de inequidades que parece resistir al tiempo y a las demandas de justicia social y ciudadanía que formulan amplios sectores de la sociedad.

La situación puede parecer paradójica. ¿Cómo es posible que el fracaso educativo de las naciones latinoamericanas sea tan insistentemente mencionado si los sistemas escolares no han parado de crecer e, inclusive, la inversión en educación ha aumentado en muchos países de la región?

En materia educativa, universalizar un bien significa no sólo garantizar su acceso, sino también generar condiciones para que quienes accedan a él lo hagan en condiciones de igualdad. La expansión de los sistemas escolares ha sido, por este motivo, una gran conquista democrática. Entre tanto, la enorme diferenciación y segmentación institucional que hoy caracteriza los sistemas escolares latinoamericanos constituye una recurrente deuda y una persistente injusticia social. El acceso a la escuela se realiza así en condiciones de extrema desigualdad entre los niños y niñas latinoamericanos. Una desigualdad generada por las marcas de origen que carga la población infantil (pobreza, discriminación étnica y racial, inequidades de género, precariedad en las condiciones de vida, de acceso a los bienes básicos, a los servicios de salud, etc.) y a la propia fragmentación de los sistemas educativos nacionales. De tal forma, la misma cantidad de años de escolaridad no supone la misma oportunidad educativa cuando se compara dos niños de cualquier ciudad latinoamericana. Para saber a qué oportunidades educativas los niños y niñas tienen acceso, es necesario saber en qué barrio viven, cuál ha sido el nivel educativo alcanzado por sus padres, la ocupación que ellos ejercen y los ingresos de que disponen, entre otros datos. La enorme pulverización del sistema hace que, en un mismo barrio, las diferencias entre las instituciones educativas se hayan tornado tan enormes que una misma cantidad de años de escolaridad llegue a ser hoy un indicador incomparable.

A doscientos años de nuestra independencia, en América Latina no existen sistemas nacionales de educación, sino circuitos educativos diferenciados a los que accederán casi todos los niños y niñas en edad escolar. Para unos, los más pobres, una escuela pobre y sin condiciones para tornar efectivo su derecho a la educación. Para otros, los que disponen de mejores condiciones de vida, circuitos educativos que abrirán oportunidades y espacios para su desarrollo personal y profesional.

Es en este sentido que debemos reconocer que el grado de universalización de la educación, en una sociedad democrática, se mide por los niveles de expansión de su red escolar, por los años de escolaridad de los niños, niñas y jóvenes, y también por el grado de justicia educativa que esa sociedad es capaz de construir, contrarrestando los procesos de exclusión, discriminación y desigualdad que se producen no sólo afuera sino también dentro mismo del sistema escolar. La universalización del acceso a la escuela es una extraordinaria conquista democrática que debilita y amortigua sus efectos cuando se produce en contextos de profunda injusticia educativa, donde reinan la desigualdad de oportunidades y de condiciones para revertir la herencia de inequidades que cargan sobre sus espaldas los más pobres y excluidos.

Para universalizar la educación no sólo es necesario que haya más niños y niñas en las escuelas. Es necesario también que las escuelas sean cada vez mejores para todos, disminuyendo la brecha que separa a los que acceden a una educación de calidad y los que tienen como única oportunidad una escolaridad sin recursos, pobre y, muchas veces, abandonada a su suerte. En materia democrática, la universalización de la escuela y la igualdad de oportunidades y condiciones educativas para todos forman parte del mismo proceso. “Universalizar” un sistema pobre para los pobres y preservar inalterado un inventario de privilegios y oportunidades para los sectores más ricos es lo que se ha hecho durante buena parte de estos últimos doscientos años.

Los desafíos son enormes e ineludibles. En este sentido, resulta auspicioso el acuerdo logrado por todos los gobiernos latinoamericanos en la Cumbre Iberoamericana de Ministros de Educación de El Salvador, en mayo del 2008. El evento dio origen a la formulación y aprobación de las Metas Educativas 2021, luego de un proceso de movilización y consulta liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y apoyado por diversas organizaciones sociales, sindicales y políticas de todo el continente.

Las Metas Educativas 2021 señalan y alertan sobre los puntos nodales de nuestros sistemas escolares. Ponen el dedo en la herida, en llagas que no han cicatrizado después de doscientos años de grandes avances, pero también, de notables retrocesos. Las Metas nos interpelan, dejando una vez más al descubierto una realidad insoslayable; brindan horizontes de salida, alternativas y propuestas, indicadores y datos, costos y oportunidades, posibilidades y desafíos. Las Metas aspiran a revertir esta situación, presentando un resumido conjunto de indicadores y logros para hacer de este desafío una realidad efectiva. Si las alcanzamos, no deberemos esperar otros doscientos años para cumplir los ideales de justicia y libertad por los que lucharon los héroes y las heroínas de nuestra independencia.


Por Pablo Gentili*
1) Fuente: el texto publicado en este Cuaderno es una versión editada del artículo publicado en el Informe sobre Tendencias Educativas y Sociales 2010. Sistema de Tendencias Educativas de América Latina SITEAL (www.siteal.iipeoei.org).
* Doctor en Educación. Profesor de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro (UERJ). Secretario ejecutivo adjunto de CLACSO y director de FLACSO/Brasil