LA DERECHA Y EL SIEMPRE DESEADO BLANCO DE LA EDUCACIÓN

 Los movimientos translocales de ideas, filosofías, visiones de mundo, doctrinas sobre la vida, la política y la sociedad son tan antiguos como la difusión del uso de metales, el comercio, la escritura y las primeras civilizaciones urbanas de la Edad de Bronce hace 3000 o 4000 AC. Ciertamente se originó en Mesopotamia y lo que hemos llegado a llamar el antiguo Oriente Medio, estos intercambios se extendieron por esta vasta área de Eurasia, que más tarde comenzamos a dividir entre Occidente (Europa) y Oriente (especialmente China y la India). Hoy sabemos que Mesopotamia fue el lugar de nacimiento de la cultura griega y que estaba presente en el norte de la India en los primeros siglos de la Era Común, mucho antes de que se convirtiera en un patrimonio europeo, que, por cierto, sólo fue posible gracias a la magnífica traducción de los textos griegos emprendida en Bagdad por los árabes de la dinastía Abássida a partir de mediados del siglo VIII, una época que se conoció como la Edad de Oro del Islam.

 

A lo largo de los siglos, estos movimientos de ideas siempre han tenido un origen local (a veces en varios lugares simultáneamente) y desde allí se han extendido y se han convertido en movimientos globales. Los intercambios, las influencias cruzadas y las adaptaciones locales siempre han sido una constante del movimiento de ideas. El protagonismo de Europa en estos movimientos es muy tardío.

 

Sólo comienza en el siglo XVI y, para muchos, sólo en los siglos XVIII y XIX. Para limitarme a los últimos cien años, podemos decir que la marca europea sobre las ideas políticas está presente en los siguientes movimientos globales contemporáneos: liberalismo, socialismo, derechos humanos, conservadurismo. Este último es una contracorriente en relación con los demás, ya que, si bien están formados por la tensión entre la regulación y la emancipación social, donde se producen avances en la mejora de las condiciones de vida de las mayorías y la inclusión social, el conservadurismo da plena prioridad a la regulación social y se opone a las ideas de mayorías e inclusión social (de ahí su racismo y sexismo). El conservadurismo tiene tres características principales: Al ser un movimiento de carácter global, se afirma como contrario a la globalización; siendo tan moderno como los otros tres, se presenta como un regreso al pasado, una reacción que puede ser tanto moderada (derecha) como extremista (extrema derecha); tiene una visión muy selectiva de la soberanía nacional que no le impide que sea subordinado a la globalización capitalista neoliberal. Después de la Segunda Guerra Mundial, el eje de esta difusión de ideas se trasladó al Atlántico Norte, debido a la supremacía de los Estados Unidos. Pasó luego a hablarse de eurocentrismo.

 

Estos cuatro movimientos de ideas tienen tres facetas importantes: ocurren simultáneamente, pero se alternan en la predominancia; se adaptan creativamente a diferentes contextos locales; se centran en los procesos educativos porque allí se forman las próximas generaciones que pueden reproducirlos. El período en el que vivimos marca una transición hacia el predominio del conservadurismo. Pero es una transición muy incierta debido principalmente a los nuevos problemas que ha planteado la pandemia del nuevo coronavirus. Señalan ideas (por ejemplo, nuevas relaciones con la naturaleza, alternativas al desarrollo, relaciones entre Occidente y Oriente) que no encajan en las versiones dominantes del liberalismo, el socialismo o los derechos humanos. Vivimos, por lo tanto, las transiciones de señales contrarias que a veces dan la apariencia de estancamiento o agotamiento ideológico. Hoy, me centro en el predominio global del conservadurismo, tanto en su versión moderada y extrema, y en sus recientes manifestaciones en el área de la educación en Brasil, India, Colombia y Portugal.

 

Antes de la pandemia, esta ascendencia era particularmente visible en países tan diferentes como el Reino Unido, EE. UU., Brasil, India, Filipinas, Hungría, Polonia, Turquía, Rusia, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Israel Guinea-Bissau, Marruecos, Egipto, y Camerún. La pandemia creó un problema inesperado para la derecha: los países en los que estaba en el poder eran aquellos en los que la protección de la vida era, en general, más deficiente. Los gobiernos de derecha no sólo han demostrado ser incompetentes para proteger la vida, sino que en algunos casos extremos (Estados Unidos y Brasil) han tomado medidas que han puesto en riesgo la vida de los ciudadanos. Sin embargo, no está claro que en los próximos procesos electorales los castiguen en las urnas. El riesgo existe y, para prevenirlo, asistimos al desarrollo más preocupante posible: el conservadurismo de derecha se desliza hacia la extrema derecha. En Estados Unidos, Donald Trump ante la perspectiva de perder las elecciones, impulsa campañas masivas de desinformación, utilizando fuerzas militares y movilizando milicias neonazis de extrema derecha, que podrían poner al país al borde de una nueva guerra civil, especialmente si Trump no logra manipular con éxito los procesos electorales y pierde elecciones. Brasil puede seguir el mismo camino en 2022.

 

Como indiqué, uno de los objetivos privilegiados del nuevo (viejo) conservadurismo de derecha y de extrema derecha es la educación. Cito cuatro casos a modo de ejemplo. En Brasil, pueden identificarse dos acciones principales. La primera consiste en la iniciativa “Escuela Sin Partido”, creada en 2004 con el objetivo de supuestamente eliminar el “adoctrinamiento ideológico” en las escuelas. A partir de 2013, con el giro de la política brasilera para la derecha (intensificando la desinformación por parte de la extrema derecha por vía de las fakenews, persecución político-judicial al Partido de los Trabajadores (PT) en el ámbito de la operación de Lava-Jato, especialmente en contra de la Presidenta Dilma Rousseff en 2016, y la elección de Jair Bolsonaro en 2018) la “Escuela Sin Partido” intensificó su acción con decenas de proyectos de ley presentados a los órganos legislativos en los varios niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) con medidas que violaban los derechos humanos fundamentales, la libertad de cátedra y la propia Constitución, un conjunto ideológico altamente conservador cuya inconstitucionalidad ha sido cuestionada por varios organismos nacionales e internacionales. La segunda acción consiste en el ataque multifacético a las universidades públicas, que implica, en particular, recortes presupuestarios con la consecuente falta de financiación y el cuestionamiento del sistema democrático para la elección de los rectores de las universidades públicas federales. El gobierno de Jair Bolsonaro ha ido ignorando la elección de rectores progresistas e incluso ha nombrado rectores-interventores como en la época de la dictadura que imperaba en el país entre 1964 y 1985.

 

En India, desde que Narendra Modi y su partido (BJP) llegaron al poder (2014) ha habido un ataque sin precedentes contra la libertad académica. El sistema universitario indio es muy diverso y está compuesto por universidades públicas y privadas, centrales (o federales) y estatales, universidades para minorías, universidades religiosas, etc. Los ataques a las universidades públicas centrales son los que han tenido más publicidad. Se intensificaron a partir de 2014 aunque anteriormente habían estado dirigidos por la organización juvenil del partido que ahora está en el poder. Tanto profesores como líderes estudiantiles han sido criminalizados bajo la ley antiterrorista y las reuniones o encuentros promovidos por estudiantes o profesores han sido prohibidas con el pretexto de abordar temas políticamente sensibles. Al igual que ha sucedido en otros países, los ataques directos a la libertad académica se han complementado con ataques indirectos, es decir, con la precariedad de los contratos de los docentes, el nombramiento de administradores impuestos por el Estado, la supervisión ideológica de los planes de estudios y el nombramiento sistemático en los principales puestos universitarios de ideólogos de derecha y partidarios del BJP, a menudo sin las calificaciones académicas necesarias.

 

En Colombia, el conservadurismo ha tenido como objetivo constante la universidad pública y el pensamiento crítico. Mediante acusaciones temerarias, estigmatizaciones y montajes judiciales se ha querido incriminar a lo largo de los últimos años a profesores y estudiantes y así poder vincularlos a grupos terroristas. Pero no se han quedado solo allí. Recordemos que también han amenazado y atacado la vida de aquellos profesores “que incomodan”, quienes, muchas veces, hacen parte también del movimiento universitario en defensa de la educación pública o de los sindicatos de sus respectivas universidades.

 

Cuando no han logrado doblegar a los protagonistas de la lucha por la educación pública, la estrategia optada por estos grupos retardatarios ha sido desfinanciar y ahogar presupuestalmente el sistema universitario público transfiriendo fondos a las universidades privadas. Las políticas de la derecha, y sobre todo de la derecha neoliberal, luchan contra la idea de universidad pública y su respectivo proyecto de país cada vez más incluyente y solidario, que obviamente el neoliberalismo no está dispuesto a permitir. En esta vía, el capitalismo universitario desea transformar la idea de universidad en una idea de empresa, para así colocar a los profesores como proletarios y dejar a los estudiantes en el plano de meros consumidores. En ultimas, quieren una universidad y una escuela “sin ideología”, pero que en la práctica estará dotada con toda la ideología del mercado.

 

En Portugal, el conservadurismo de extrema derecha, que siempre existió antes y después de la Revolución del 25 de abril de 1974, hoy tiene un partido, Chega, que reúne a su alrededor a todos los movimientos neonazis y nacionalistas que nunca se conformaron con la derrota que sufrieron con la Revolución. Su estrategia a futuro se basará en la capitalización del descontento que puede causar la crisis económica y social derivada de la pandemia. El conservadurismo moderado se vio inmovilizado por la pandemia porque el consenso en la lucha contra la crisis de salud fue inicialmente abrumador y el gobierno de izquierda mostró eficacia y coherencia en las medidas a corto plazo. Desesperado en busca de una agenda que pueda atraer a sus partidarios, la encontró recientemente en la disputa sobre el carácter obligatorio u opcional de la asignatura de Ciudadanía y Desarrollo en la educación secundaria. Dicha asignatura es obligatoria. La polémica surgió cuando los padres de dos estudiantes de Vila Nova de Famalicão (al norte del país) invocaron la objeción de conciencia para no permitir que sus hijos asistieran a la asignatura, con el argumento de que los temas de esta eran una responsabilidad familiar. Los estudiantes reprobaron por ausencias, fueron admitidos por la escuela para pasar de nivel, el Ministerio de Educación rechazó el trámite y exigió que los estudiantes asistieran a un plan de recuperación, plan que los padres rechazaron, adelantando una medida cautelar que fue aceptada por el tribunal. La decisión de fondo está aún pendiente.

 

Curiosamente, el conservadurismo y la derecha en Colombia aplicaron igualmente la receta de luchar contra la educación sexual en las escuelas. Llegando incluso a acusar al Acuerdo de Paz de 2016 de ser portavoz de la “ideología de género”. Múltiples marchas en contra de cartillas sobre educación sexual para las escuelas públicas y notificas falsas sobre el enfoque de género en el Acuerdo de Paz, dejaron entrever el carácter prejuicioso de un sector amplio de la sociedad.

 

En Portugal, personalidades de derecha, tanto seculares como religiosas, han publicado un manifiesto a favor del carácter opcional de la asignatura. No podían elegir un objetivo menos adecuado y un tiempo menos oportuno. Vivimos en medio de un período de crisis sanitaria que nos ha estado enseñando la necesidad de un consenso político sobre los temas de los que depende nuestro futuro y el de las generaciones que nos siguen. Educar para la ciudadanía, en todas sus expresiones, es ahora más urgente que nunca. En este contexto, afirmar libertades que pueden desestabilizar la educación de los jóvenes y cuestionar aún más sus expectativas adquiere una gravedad particular. Todo el mundo recuerda las manifestaciones en los Estados Unidos de las fuerzas de derecha y de extrema derecha contra el uso de máscaras y el distanciamiento sanitario. La repulsión fue general. En el caso de la educación sexual (porque este es el quid de la molestia) no está en cuestión la desobediencia a las directrices de la OMS, se trata de la violación de los tratados internacionales de derechos humanos que Portugal ha ratificado.

 

Recordemos que el principio de igualdad de género y respeto por la diversidad sexual es ahora reconocido internacionalmente, y es de ahí que surge la demanda de educación sexual en las escuelas, que, además, está ocurriendo en toda Europa. Y para sorpresa de los conservadores portugueses, los estudios muestran que los padres estadounidenses, cualquiera que sea su orientación política, están abrumadoramente a favor de la educación sexual en la escuela. Entre otras motivaciones, muchas de ellas prefieren que la escuela trate temas que, por importantes que sean, pueden ser inconvenientes cuando se tratan en la intimidad familiar. Otros temen que, a falta de escuela, las redes sociales ocupen este espacio sin ningún control.

 

La controversia que ha surgido en la sociedad portuguesa muestra hasta qué punto el Portugal profundo sigue siendo sexista (y ciertamente también racista, ya que los dos prejuicios van juntos, como muestran varios casos recientes). Hace cincuenta años las escuelas enseñaban que las mujeres debían obedecer a sus maridos, que no podían ocupar ciertos cargos porque carecían de capacidad física o mental, y que los homosexuales eran enfermos (si no criminales). Las transformaciones políticas que hemos atravesado y los movimientos sociales que les siguieron en favor de los derechos sexuales, y todo el movimiento mundial por los derechos humanos, fueron sedimentando una nueva cultura de paz y convivencia, de reconocimiento de la diferencia y de respeto por la diversidad. Esta cultura se solapa con siglos de prejuicios y siglos de privilegio, en los que tales prejuicios se han traducido y siguen traduciendo. La inercia social que esto causa se produce en todo momento, como en el presente caso. De ahí la necesidad de que la escuela participe activamente en el aprendizaje de una cultura democrática, no excluyente, promotora de los derechos humanos. Y las escuelas ciertamente lo hacen de una manera mucho más confiable que las redes sociales.

 

A la luz de cualquiera de los tres movimientos globales de ideas de origen europeo (liberalismo, socialismo, derechos humanos), esta iniciativa del conservadurismo portugués significa una violación de los objetivos de inclusión social igualitaria que dominaron en los últimos cien años y, en Portugal, solo en los últimos cincuenta años. Debido a esta particularidad portuguesa, poner en duda la vigencia plena de la educación para la ciudadanía es particularmente grave. Es que, detrás de la convicción de los conservadores de la derecha moderada, se esconde la extrema derecha, probablemente con el objetivo de sobreponerse en la polarización que explotará a toda costa. La presencia de la jerarquía de la Iglesia católica, en abierta desobediencia al Papa Francisco, es una señal adicional de preocupación.

 

No olvidemos que la jerarquía de la Iglesia católica portuguesa defendió el fascismo (y el colonialismo) hasta sus últimos momentos. Y, por supuesto, es particularmente importante que los tribunales no renuncien al hacer valer los derechos de igualdad y orientación sexuales consagrados en las leyes y la Constitución. Recordemos que en esta materia hubo decisiones recientes muy problemáticas y justificadas por motivos ilegales.

 

No es opcional volver atrás. Los contratiempos en la educación son siempre un terrible presagio para la sociedad. Si la igualdad sexual fuera la ideología de género, la igualdad racial sería la ideología racial y la lucha contra la pobreza sería la ideología clasista. Y, en última instancia, la lucha contra el fascismo sería la ideología…democrática.

 

 

 

 

 

Fuente : https://proyectoambulante.net/?p=3931

Por – Boaventura de Sousa Santos es Director Emérito del Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

La contaminación del lenguaje en Educación ¿Derecho humano o mercancía?

Los términos de la Economía de mercado han invadido numerosos ámbitos, y entre ellos el de la Educación ¿Se trata de un hecho inocente? ¿Qué dificultades genera?

El ámbito de la educación tampoco escapa a la contaminación general del lenguaje. La realidad se desvirtúa en términos más sutiles, menos brutales, que en la esfera de la guerra. Así, la diferencia entre el derecho básico a la educación y su mercantilización se diluye a través de la fórmula “acceso a la educación”. El lenguaje de los derechos se utiliza para hablar de inversiones y acuerdos comerciales. Es como si se hablara del derecho de acceso a la vida.

El cambio lingüístico en el ámbito de la educación corre paralelo al efectuado en los años 90 en otros campos de la actividad humana. Así, los problemas agrícolas y alimentarios se convirtieron en “desarrollo agrícola”, la deuda mundial, en “finanzas del desarrollo global”. Por otro lado, la violación del derecho público a estar informado sobre las asignaciones presupuestarias facilita que se priorice el gasto militar en detrimento del civil.

K. Tomasevski ha estudiado este fenómeno del cambio lingüístico en la política educativa en su libro El asalto a la educación: cómo los términos de la economía de mercado se han impuesto en los servicios públicos, cómo han impregnado el principio de educación general y gratuita, tan arraigado en Europa.

La educación ha pasado del derecho público al privado. De este modo, un bien público como la educación se convierte en mercancía negociable, en objeto de compraventa. En los años 80, la educación pasó de servicio público gratuito a formar parte del sistema de “costes compartidos”. En los años 90 se incluyó en el derecho mercantil. El resultado de la mercantilización ha llevado a que los centros privados operen como empresas comerciales y hasta se coticen en la bolsa.

La oferta de MBA (Maestría en Administración de Negocios), y de cualquier tipo que imaginarse pueda, se ha convertido en una verdadera industria. No queda ya institución pública ni privada que no pugne por el negocio. Por Internet circulan ofertas de diplomas digitales y títulos universitarios, incluido el de doctor, que no requieren siquiera certificados de selectividad ni de haber terminado la enseñanza secundaria. Tan sólo hay que pagar el importe correspondiente y se recibe el título deseado. A estos niveles de degradación ha llegado la mercantilización de la enseñanza.

Es cierto que la difusión de las tecnologías de la información y la comunicación, y muy en particular Internet, facilita la propagación de las informaciones y eleva el nivel de conocimientos de quienes pueden acceder a ellas. De ahí que la euforia de los tecnófilos los haya llevado a calificar la sociedad actual como “sociedad del conocimiento”.  La ingeniosidad comercial yanqui, la american ingenuity, se ha puesto inmediatamente manos a la obra para hacerla realidad. He aquí cómo entiende la formación universitaria este anuncio distribuido por Internet.

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No es sino lógico que donde, como en los Estados Unidos de América, la educación primaria gratuita no se reconoce como un derecho humano, como un bien público, sino como mercancía, la privatización de la enseñanza se lleve a estos extremos. Aquí termina el abandono de la concepción de la educación como servicio público, concepto tan arraigado en Europa y que tan dispuestos se encuentran nuestros políticos a abandonar. ¿A esto quieren llevarnos los defensores de la escuela y de las universidades privadas con su campaña denigratoria de la enseñanza pública? Todo apunta en este sentido, por mucho que digan los con capa y los sin ella.

En España, esta tendencia encuentra el campo abonado con la tradición de los colegios privados, casi todos regidos por órdenes religiosas. La privatización ha disparado la proliferación de instituciones y universidades privadas.

Los costes de la educación, antes en los presupuestos públicos, se trasladan así a los estudiantes y sus familias. Y como los costes aumentan y cada vez resulta más difícil hacer frente a ellos, hay que recurrir a los préstamos. Las instituciones bancarias han encontrado aquí una nueva fuente de ingresos.

El lenguaje comercial oculta que la educación es un derecho humano fundamental. Camufla la precariedad laboral y la angustia por encontrar un trabajo digno con el señuelo de los diplomas y títulos ofertados por esta industria del autoengaño.

La privatización afecta los contenidos. La enseñanza de la historia, e incluso de la ciencia, puede verse muy afectada. La visión que se dé de nuestra guerra civil o de la democracia, por ejemplo, puede discrepar muchísimo en función de que se imparta en los colegios religiosos privados o en los públicos laicos. Son los dueños de las instituciones privadas quienes fijan las materias y los libros de texto.

En los EEUU son también numerosos los estados que prohíben doctrinas científicas, como la teoría de la evolución, e imponen el creacionismo literal de la Biblia. Los tribunales estadounidenses se han visto obligados a intervenir en numerosos juicios para decidir si los niños reciben una enseñanza acorde con los conocimientos científicos o con la letra de la Biblia.

Como se sabe, no existe ninguna enseñanza que no esté determinada por la economía. La manera en que un pueblo satisface sus necesidades vitales marca su poesía, su música, sus casas, sus ciudades, su vida cotidiana. Sin embargo, nada se aprende en la escuela acerca de cómo funciona la economía. La materia más vinculada a nuestros intereses permanece oculta. Y la ignorancia de los maestros en cuestiones económicas suele ser tan grande como la de sus alumnos. Las escuelas que frecuentaron nuestros padres y nuestro abuelos, igual que las de nuestros hijos, no les enseñaron a preguntar en todos los acontecimientos de vital importancia para ellos: ¿quién se beneficia? Lo único que les enseñó todo el sistema educativo fue a obedecer, a ser sumisos y esperar mejor suerte en la otra vida, a ser carne de matadero con ciertas habilidades. Y la producción de ganado no es ningún logro cultural, aunque recite poesías. En una encuesta se le pedía a la gente su opinión de la fidelidad. El resultado fue que cuanto mayores eran los ingresos, tanto menor era la consideración de la fidelidad, y viceversa.

Quien pida una respuesta a la pregunta de por qué se enseña una materia y no otra tiene que averiguar antes quién determina lo que se enseña. A este conocimiento se puede llegar por inferencias. Las informaciones con las que se elabora lo que vamos a ser en la vida son seleccionadas por personas cuya ocupación más importante estriba en producir mercancías y en obtener una ganancia con su venta.

La realización de intenciones ajenas es inevitable cuando se nos excluye de la elaboración de los planes de estudio. Por eso hay que modificarlos de manera que en las escuelas no se puedan formar esclavos. Si no nos defendemos contra el plan de estudios de las escuelas, los medios de comunicación y los programas de la TV, nuestros pensamientos seguirán siendo los de nuestros enemigos. La mayoría de la gente cree que sus pensamientos provienen del interior de sus cabezas. No saben que el camino de las ideas discurre de afuera hacia adentro.

El espíritu de la competitividad, dominante en la economía, se ha transferido a la educación. La cooperación, la solidaridad y la emulación se sustituyen por la ley del más fuerte, más listo, más rico...

Pero la solidaridad, aunque la derecha se haya apropiado de este término tradicional de la izquierda, no tiene cabida en este sistema. Entendida como respeto y ayuda al prójimo, permanece ajena a él desde la misma infancia. El verticalismo de las clases, de arriba y abajo, dentro y fuera, claro y oscuro, etc., impera también en la organización escolar. El principio de competitividad se aplica en la enseñanza con la misma dureza que en la economía. Triunfan los que consiguen las mejores notas. Quienes, por cualesquiera razones, son segregados reciben un “tratamiento especial”, expresión prohibida por el mismo Himmler en 1943.

Entre este grupo de estigmatizados, se cuentan cada vez más los niños de los inmigrantes con problemas de lengua y de aprendizaje. En vez de llevar la escuela pública a un nivel que permita integrarlos, se financia y fomenta el negocio de los colegios privados, donde los padres prefieren llevar a sus retoños con el argumento de que los niños inmigrantes rebajan el nivel y perjudican la competitividad futura de sus hijos.

Sin embargo, es bien sabida la importancia que tienen los compañeros de escuela en el desarrollo de la vida subjetiva. Desde el punto de vista de la solidaridad, este sistema escolar agudiza las diferencias sociales. Sí, el ascenso a la cumbre requiere una especialización temprana. Pero, ¿cómo va a tomar responsabilidad política una persona que no ha aprendido en las escuelas a aceptar a otros, más débiles, y sólo se siente obligado para con su esquema de ascenso? se pregunta Pross. Los niños y jóvenes de la actual sociedad neoliberal, instruidos y adiestrados en las fechas y las cifras, están muy lejos de experimentar la solidaridad, edificada sobre la comunidad de intereses.

Es en las discusiones, en la dicción y contradicción, donde se puede descubrir que otros también piensan como yo y que también tienen los mismos intereses. En la sociedad actual, donde el personal está instruido en la competitividad, en el verticalismo, las instituciones educativas pasan de la solidaridad porque producen siempre nuevos conflictos entre grupos. Las manifestaciones de solidaridad se reducen a meras expresiones verbales.

La solidaridad no es una relación vertical, sino siempre horizontal. Si los niños no aprenden lo que se oculta realmente tras el lenguaje metafísico, ¿cómo van a entender que una palabra puede herir, que una mirada puede llevar a la desgracia? ¿Cómo van a comprender lo que se tiene en común con los demás si no se experimenta?

De ahí que si se quiere educar en la solidaridad, hay que enseñar la coexistencia real, no la superposición y sumisión abstractas. La enseñanza de la solidaridad parte de la coexistencia, de la horizontalidad, y no de la verticalidad de los valores. El primer principio de esta educación para la solidaridad sería reconocer la verdad de que cada persona ve las cosas de distinta manera. El segundo implicaría el llamado a lo común que subyace en esta diferencia. Reducir la desigualdad significa, pues, desmontar la violencia simbólica que ejerce sobre nosotros.

Extraído de

La Intoxicación Lingüística

El uso perverso de la lengua

Vicente Romano

Colección TILDE

Educación municipalizada

En la década de los 90, en el apogeo de la ola neoliberal, en Educación se impuso la descentralización educativa, que llevaba un sello economicista. El estado nacional se desentendía de las escuelas, y las pasaba a los estados provinciales, y estos a su vez, en algunos países, quedaban a cargo de las municipalidades. Los efectos de esa medida están a la vista, tal como se relata en la siguiente nota:

Chile: ¿Fracasó la Educación Pública, o fracasó el sistema municipal que la administra?

Candidatos a la Presidencia de la República soslayaron calificar al actual sistema municipal como responsable directo del fracaso de la educación pública chilena.

DESPUÉS DE TODO, parece que las campañas políticas –involuntariamente, es cierto- sirvieron para destapar cuestiones que el mundo político ha mantenido ocultas porque lesionan los intereses pecuniarios y familisteriales de muchos dirigentes.

Sin embargo, cuando los dos bloques políticos que concentran el poder en Chile tuvieron que enfrentarse ante los ojos públicos en la lucha por la férula gubernativa, y darse duro con todo lo que encontraron a mano, la obligación de retirar sábanas y cortinas para mostrar incluso las partes pudendas de cada tienda partidista se transformó en la panacea de lo que muchos periodistas adocenados llaman "discusión democrática"; asunto este que, por cierto, convence a muy pocos (o sólo a aquellos que durante años han hecho ingentes esfuerzos por no despertar a ninguna de sus neuronas), ya que es sabido cómo y cuánto se esmeran los miembros de la clase política actual 　 para no ser descubiertos como ‘familia’… o como ‘mafia’, en algunos casos.

Cuando comenzó la campaña presidencial hace ya algunos meses, todos los candidatos –de derecha a izquierda- intentaron mostrar diferencias sustantivas en sus planteamientos, pero hubo un punto en el cual concordaron plenamente: desmunicipalizar la educación pública regresándola al estado docente, reconociendo de manera explícita que el sistema educacional en vigencia es un fiasco, un rotundo fracaso, un ente poco eficiente y nada eficaz.

¿Pero, ese sistema educacional fracasó por sí mismo, por carencia de cualidades internas, o sus débitos obedecen a situaciones también externas, que el sistema no maneja?

Encubierto por la crítica anterior subyace un asunto que debió ser analizado con mayor fuerza y sin embargo se le mencionó muy al pasar, carente de la contundencia que ameritaba.

Como pésimos aprendices de bomberos, en este seudo incendio de declaraciones y propuestas que caracterizó a las campañas políticas, los candidatos lanzaron sus chorros de pullas a las llamas (la educación) y no a la base donde nace el fuego (el sistema municipal).

Ya no queda duda alguna. La educación pública, tan amada y tan vapuleada, ha fracasado estruendosamente en sus objetivos merced a la pésima administración que ha caracterizado a los municipios. Aunque, para completar el cuadro, el propio MINEDUC ha tenido participación relevante en este drama, pues resulta difícil soslayar la ‘calidad’ de algunos ministros del ramo, especialmente las ‘virtudes empresariales’ de la actual jefa de esa cartera, la asistente social Mónica Jiménez, quien hizo lo imposible por lograr transformar la educación pública en un negocio altamente rentable, independiente de la calidad de los programas y/o la implementación tecnológica de los establecimientos educacionales alejados de las grandes metrópolis..

Pero, el verdadero meollo del asunto (o del problema) se halla instalado en el sistema municipal, donde descuellan caudillejos menores que fungen de líderes políticos sin tener alma de tales,ni educación alguna para coordinar programas en los que participan profesionales y técnicos.

¿Cuántos alcaldes –del total cercano a los 345 existentes en Chile- pueden mostrar un certificado REAL de Licencia Media? ¿Y cuántos de esos mismos ediles poseen estudios superiores?

El país ha sido testigo de declaraciones rimbombantes de algunos jefes comunales que manifiestan, orgullosamente, haber cursado cinco y más años de estudios ensólo ocho meses, obteniendo su licencia media ‘laboral’ en establecimientos de municipios dirigidos por ediles camaradas o compañeros de partido… sin necesidad de tener que asistir regularmente a clases y, tal vez, sin siquiera someterse a la calificación de pruebas y controles, como sucede habitualmente con los verdaderos estudiantes.

Bien por ellos, ya que no tuvieron necesidad de recorrer el largo y fructífero camino educacional del año tras año, como ha sucedido con la mayoría de los chilenos. …pero las consecuencias de esa realidad brotan más tarde. Los avatares y ulterioridades de la educación pública en manos municipales lo demuestra sin ambages.

Muchos alcaldes –especialmente aquellos que gobiernan comunas rurales- consideran que la permanencia de la educación pública en el sistema municipal es "un cacho", y un cacho caro además, ya que esa actividad difícilmente les reporta sufragios, como sí lo hace, por ejemplo, una buena y expedita atención en el consultorio de salud, la pavimentación de calles y veredas, los shows musicales a todo trapo, la mantención de plazas y jardines, las fiestas comunales, etc.

Definitivamente, la educación formal no es un buen ‘negocio político’…eso lo he escuchado de labios de varios alcaldes pertenecientes a distintas tiendas partidistas. Y como para muchos ediles se trata de un ‘cacho’ y de un mal negocio político, simplemente descuidan el tema e incluso –esto lo digo con absoluto conocimiento de causa- parte importante de los dineros que el Estado les entrega para financiar escuelas y liceos, lo derivan a otros menesteres más ‘rentables’ políticamente o, en definitiva, a asuntos financiero-contables que les carcomen sus presupuestos y, muy en lo principal, a limpiar sus líneas de crédito en el comercio local donde casi siempre se encuentran atrasados, en mora, vergonzosamente.

Los candidatos a la presidencia de la república soslayaron –quizá por falta de tiempo-el necesario análisis del actual sistema municipal, porque este ya no da garantías de mejoramiento ni entrega satisfacción a las necesidades de una población que marcha al ritmo de lo que impetran los tiempos.

Hay excepciones, por cierto, pero son las golondrinas que no hacen verano, los casos que confirman la regla, las gotas de agua en el desierto de ideas y de capacidades.

Seguirá siendo ímprobo que el sistema municipal desarrolle mejoras tal como hoy está estructurado, pues si bien se legisló la exigencia del cuarto año de enseñanza media como condición sine qua non para postular al cargo edilicio, no se extendió ello a quienes　 se presentan como candidatos a ocupar un puesto en el concejo municipal.

Esto último posibilita que existan concejales que apenas pueden leer dos líneas de corrido (sin entender muy bien lo que leyeron) y, con suerte, estampar una firma con mediana soltura de mano.

Son esos equipos, entonces, los encargados oficial y constitucionalmente de administrar la Educación Pública en la que participan millones de escolares a lo largo y ancho de Chile. Esos mismos equipos (no todos, ya lo dijimos) se esforzaron por hacer las cosas mal, tan mal que abrieron las puertas a los apetitos privatizadores de empresarios blancos, azules y rojos que ven en la Educación un lucro similar (e incluso superior) al obtenido hoy en la salud, las Isapres y las AFP’s.

Ante este verdadero ‘incendio’, los candidatos apuntaron sus aguas a las llamas superiores, prometiendo que ellos le quitarían la carga a los municipios regresando la Educación Pública al Estado, al MINEDUC, pero no dejaron caer una sola gota de agua sobre la base del fuego: el sistema municipal, donde los gatopardistas, los caudillejos, los ‘paga favores políticos’, los ignorantes, los frescolines y los corruptos verborreicos, hacen nata merced a la desidia de los partidos políticos que designan generalmente al más inútil, y menos preparado de todos sus cuadros locales como candidato a la alcaldía o al concejo municipal.

Definitivamente, este sistema –agotado, fracasado- requiere de una reforma profunda, urgente y ahora, ¡¡ya!!

　

Fuente

Arturo Alejandro Muñoz Para Kaos en la Red 15-1-2010 a las 15:58

www.kaosenlared.net/