Relator Especial de Naciones Unidas examina el estado del derecho a la educación

Hace unos meses fueron anunciadas las conclusiones de las misiones en Paraguay y Guatemala del Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz Villalobos. Estas visitas oficiales tienen como objetivo formular recomendaciones sobre medidas apropiadas para promover y proteger el ejercicio del derecho a la educación, así como de examinar la interdependencia y la interrelación del derecho a la educación con otros derechos humanos. Trabajo que tiene como plataforma las reuniones con representantes de la sociedad civil, la comunidad educativa y las autoridades nacionales y locales.

En relación al examen en Paraguay, Vernor Muñoz presentó algunas de sus conclusiones preliminares, entre las que se destacan los avances en escolarización y los progresos en la dotación presupuestaria educativa. Sin embargo, el Relator Especial resaltó también la necesidad de aumentar el presupuesto para la educación hasta alcanzar por lo menos el 6% anual del PIB, y de instalar la educación en el centro de la lucha contra la pobreza.

Subrayó, asimismo, la obligación de mejorar el acceso de los niños con discapacidades a las escuelas, recordó que la gratuidad de la educación aún no es una realidad en el país y animó a una mayor protección y valorización de la lengua guaraní en las instituciones educativas.

Con respecto al informe sobre el derecho a la educación en Guatemala, resultado de la misión realizada por el Relator Especial en julio de 2008, Muñoz puso de manifiesto algunos desafíos que afectan al sistema educativo, entre ellos, la reducida inversión, que es aproximadamente un 2% del PIB (la más baja de la región), y que el derecho a la educación de los pueblos indígenas en la práctica se ha reducido a la cuestión del bilingüismo, en un número muy limitado de escuelas públicas y solamente en algunos idiomas.

También hizo hincapié en la tendencia hacia una privatización de la educación, que atenta contra el principio de gratuidad establecido y al hecho de que el 80% de la educación media esté en manos de colegios privados, lo cual deriva en la imposibilidad de asegurar la educación básica y diversificada a todos.

La consigna que motiva el trabajo de la Relatoría Especial, en palabras de Vernor Muñoz, es "mover la educación hacia los derechos humanos". Lo cual significa trabajar más arduamente para trascender la concepción de la educación como negocio o mecanismo patriarcal uniformador y reclamar una protección jurídica de los derechos culturales y sociales, tal como se lleva a cabo con los derechos civiles y políticos.
Desde el Foro Latinoamericano por el Derecho a la Educación (FLAPE) creemos que estos informes ponen de manifiesto la subsistencia de concepciones en las que la educación es considerada todavía como gasto presupuestario. Resulta por ello imprescindible dar a conocer estos estudios como una forma de evocar un abordaje de la educación como un derecho para todos y todas en la construcción de sociedades más justas e igualitarias.

Fuente FLAPE Foro Latinoamericano de Políticas Educativas

Argentina: 33º Aniversario del Golpe de Estado

Me parece importante una reflexión sobre las dictaduras que violaron DDHH, en particular la sufrida por la Argentina. Transcribo una declaración del Foro Latino Americano de Políticas Educativas

Ayer, 24 de marzo, se cumplieron 33 años del golpe de Estado argentino de 1976. Miles de personas conmemoraron este aniversario en una marcha masiva que repudió la dictadura y reclamó la aceleración de los juicios contra los genocidas y la aparición con vida de Julio López, testigo del juicio contra el represor Miguel Etchecolatz y desaparecido desde 2006.

Hace ocho años las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que permitían el estancamiento de los juicios, fueron declaradas inconstitucionales. Luego el Congreso Nacional anuló ambas normas en 2003 y la Corte Suprema ratificó este camino en 2005. Si bien estos hechos implicaron importantes avances, hoy varios desafíos quedan pendientes.

A seis años de que se reabrieran los juicios sólo hay 44 condenas. 526 genocidas esperan el juicio oral, pero por la lentitud de los procesos 192 autores de crímenes de lesa humanidad ya murieron y otros 47 continúan prófugos. Todos los poderes del Estado tienen hoy la responsabilidad de acelerar los procesos y terminar con las consecuencias de los indultos.

Pero además del reclamo por los juicios, este aniversario nos invita a reflexionar sobre la destrucción del tejido social que el terrorismo de Estado permitió -políticas neoliberales mediante- y que aún persiste en nuestras sociedades. Tal como señalaron distintos organismos de derechos humanos, mientras siga habiendo desocupación, marginación, violencia urbana y desigualdades sociales, no habrá un cumplimiento pleno de los derechos fundamentales.

Es por eso que desde el Foro Latinoamericano de Políticas Educativas (FLAPE), creemos importante en esta fecha fortalecer el reclamo por una ciudadanía integral y democrática, en donde primen la igualdad social y el acceso a los derechos básicos como la educación. El ayer y el hoy no son instancias separadas y deben por eso fortalecer juntas la resistencia y las luchas de los pueblos.