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miércoles, 21 de octubre de 2020

DECLARACIÓN FINAL DEL I CONGRESO MUNDIAL EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO EDUCATIVO

 Sindicatos y gremios de les trabajadores de la educación del sector básico, medio y universitarios, de la ciencia y la cultura, colectivos de investigadoras(es) y educadores(as) populares del mundo, así como actores sociales, reunidos los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el I Congreso Mundial de educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo declaramos que:

 


La pandemia del COVID-19 generó una situación inédita de parálisis global programada, que desnudó las profundas desigualdades del sistema, pero que también se convirtió en una oportunidad para el gran capital en su propósito de avanzar en una redefinición de sus procesos y dinámicas, con elementos de mayor exclusión y dominación.  La ola de privatizaciones de los servicios básicos y de interés social ocurridas en las últimas décadas, hizo que los sectores sociales más empobrecidos y la clase trabajadora fueran los más afectados por la crisis de la pandemia.

 

Tal parálisis se imbricó con la crisis económica del capital que venía eclosionando en una nueva recesión económica mundial. En ese contexto vimos surgir gobiernos neo- conservadores con políticas de corte fascista como el de Trump o Bolsonaro, que con sus políticas negacionistas de los riesgos para la salud del COVID-19 llevaron a miles de seres humanos a los hospitales y a la muerte. Muchos gobiernos, siguiendo el ejemplo de Trump y Bolsonaro, privilegiaron las ganancias por encima de la vida humana.  Esto debe ser enfrentando por los pueblos y sus organizaciones sociales y sindicales en el plano de las ideas, la movilización y la organización.

 

La actual coyuntura mundial es de crisis profunda del sistema capitalista que lo lleva, una vez más, a intentar colocar sobre las espaldas de los y las trabajadores los costes de esta situación.

Con lo que respecta a educación, la pandemia del COVID-19 ha servido de pretexto para avanzar en la agenda neoliberal de sociedad educadora, la cual se concreta con novedosas formas de privatización educativa, asociadas al acceso a la conexión a internet y la posesión de equipos para participar en las clases remotas y virtuales.

 

El experimento de la virtualidad en casa está siendo usado para colocar una disputa que no existía en febrero de 2020, entre educación presencial en la escuela versus educación virtual en casa. El capitalismo sabe que no puede suprimir de manera impune y rápida las escuelas, pero está creando el imaginario social sobre la obsolescencia de lo escolar. Con ello procura dar entrada a las corporaciones tecnológicas y de contenidos educativos digitales al “mercado educativo”, lo cual va acompañado de una desinversión sostenida en la actualización y formación docente para contextos digitales como el actual.

 

La propuesta de educación virtual, híbrida y multimodal ha encontrado a millones de niños, niñas y jóvenes sin posibilidades reales de continuar sus estudios. No son ellos, los y las jóvenes y los más chicos(as) quienes están dejando los estudios, es el sistema capitalista quien los está dejando fuera, al romperse el papel igualador de condiciones de aprendizaje asignado a la escuela.

 

A pesar de ello, la docencia internacional ha asumido por cuenta propia y con el acompañamiento de sus gremios y sindicatos la tarea de actualizarse para enfrentar los actuales desafíos pedagógicos. Los educadores del mundo somos un digno ejemplo del compromiso con la continuidad del derecho a la educación, en condiciones cada vez más adversas, quienes hemos garantizado de manera real el sostenimiento del vínculo pedagógico con los y las estudiantes.

 

Los/as docentes han sido sometidos al acoso laboral, sobre carga en sus horarios y tareas, encerrados/as en sus casas, resolviendo por su cuenta la continuidad de la actividad educativa. Situación que además, ha incrementado la jornada de trabajo por las tareas de cuidado y sostenimiento del hogar, afectando especialmente a las trabajadoras docentes con hijes menores o adultes mayores a su cargo Esto lo ha hecho el magisterio mundial con el mínimo o ningún reconocimiento de los gobiernos.

 

Ello no oculta la emergencia de nuevas formas de privatización, al transferir a las familias, docentes y estudiantes las responsabilidades de los Estados nacionales de garantizar las condiciones mínimas para ejercer el derecho a la educación. Son ahora las familias, docentes y estudiantes quienes deben comprar o repotenciar computadoras, pagar planes de datos para el acceso a internet e incluso adquirir plataformas privadas para poder dar clases virtuales. Esta privatización está siendo ocultada con una estruendosa cortina de humo comunicacional de los gobiernos algunos de los cuales, incluso, han sostenido un supuesto éxito educativo en la pandemia, con frases oportunistas sobre la vocación docente.

 

Algunos gobiernos de manera irresponsable han intentado convocar a una vuelta a clases en medio del ascenso de los contagios, sin que aún se cuente con una vacuna y sin las adecuadas condiciones de bio seguridad, cuestión que expresa con claridad que sus mayores preocupaciones están en reactivar la economía capitalista en crisis, a costa de la seguridad y vida de les niñes, familias y les trabajadores de la educación, exponiendo a la inmunización por rebaño.

 

Mientras el capital hoy defiende la escuela como guardería y sitio para transmitir conocimientos funcionales al modo de producción, nosotros defendemos la escuela del pensamiento crítico, de la solidaridad, del encuentro humano, del vínculo con la transformación social.

 

La actual crisis ratifica viejas certezas al tiempo de instalar nuevos desafíos. La certeza según la cual la experiencia educativa ineludiblemente se sostiene en una actividad presencial ha recuperado nuevamente valor para el ejercicio docente, tan denostado por la mercantilización educativa neoliberal. Con todo ello, el retorno a las aulas y a la presencialidad no puede ser un regreso a aquella realidad naturalizada de desigualdades expresadas antes de marzo 2020 y con dramatismo durante la pandemia.

 

El desafío que enfrenta la generación de trabajadores y trabajadoras de la educación en el presente es aún mayor: se trata de pensar y construir respuestas, no solo para la coyuntura, sino que desde el presente de resistencias se pueda trazar un horizonte estratégico, que pasa ineludiblemente por la construcción de alternativas pedagógicas que sustenten una nueva escuela, una nueva universidad.

 

Asumir de la manera más consistente y responsable este desafío, supone ir más allá de las fronteras nacionales puesto que lo que está en juego es precisamente la superación de la crisis de un modelo globalizado de educación neoliberal.

 

La universidad pública intenta ser tensionada por el capital hacia modelos de privatización, lo cual demanda un renovado compromiso con su carácter público, algo que forma parte de nuestras preocupaciones centrales.

 

Por ello, este I Congreso Mundial de Educación: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo acuerda:

 

Primero: condenar de manera firme y contundente este nuevo modelo de privatización educativa que se intenta imponer en el marco de la pandemia del COVID-19. Por ello, se insta a los gobiernos, a que en el periodo que aún resta de la pandemia se garantice el acceso universal y gratuito al internet y los planes de datos, así como la dotación de equipos de computación a docentes y estudiantes. La crisis generada por el COVID-19 no puede ser un pretexto para imponer el paradigma neoliberal de sociedad educadora ni para descargar sobre los y las trabajadoras(es) la actual crisis económica mundial;

 

Segundo: declarar por unanimidad que la educación pública, gratuita, popular, laica, científica, no sexista, no racista  y de excelencia es para nosotres entendible en un marco de presencialidad, encuentro, diálogo y construcción compartida del conocimiento en las aulas e instituciones educativas, y siempre al servicio de los problemas globales, nacionales y locales de las grandes mayorías Por ello, denunciamos los intentos de las grandes trasnacionales y corporaciones tecnológicas de promover el modelo de educación en casa, como una ruta para elevar sus ganancias en detrimento de las necesidades humanas de aprendizaje de los pueblos;

 

Tercero: la presencialidad no se opone al uso de la innovación tecnológica en las escuelas, liceos y universidades, pero ello demanda el desarrollo de plataformas virtuales independientes y nubes digitales soberanas en manos de los sistemas educativos nacionales y las organizaciones sindicales del magisterio. Este tema se convierte en central en la lógica de frenar nuevas formas de dependencia científica y del conocimiento derivadas de la dependencia tecnológica. La docencia mundial tiene el saber pedagógico para trabajar desde cada especificidad el conocimiento que se corresponda al desarrollo tecnológico en las aulas con una perspectiva igualitaria, de justicia social, anti patriarcal, feminista, ecológica, crítica, emancipatoria, de defensa de nuestra memoria histórica y los pueblos ancestrales y anticapitalista;

 

Cuarto: Ante la desinversión educativa que viene ocurriendo en el marco de políticas neoliberales, lo cual se expresa en el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales de les docentes, planteamos a la OIT y la UNESCO la urgencia de producir una nueva actualización de las “Recomendaciones de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente (1966)” y de las “Recomendaciones de la UNESCO relativa a la condición del personal docente de enseñanza superior”  (1997), así como de sus revisiones posteriores. Se debe garantizar el respeto a los derechos laborales de la docencia, con pleno acceso a la formación y actualización permanente, gratuita y en servicio, a cargo de los estados y las instituciones educativas.

 

Quinto: es urgente abrir un diálogo educativo abierto y permanente con las organizaciones de los/ las estudiantes y sus familias que defienden el derecho a la educación en los nuevos contextos de asedio de las corporaciones tecnológicas, para con ellos y ellas construir rutas de trabajo compartidas;

 

Sexto: establecer un plan de unidad en las luchas que se exprese en la solidaridad activa con todas las formas de defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo que se libren en los territorios locales, nacionales, continentales y mundiales. En ese sentido trabajaremos en una ruta unitaria que permita el establecimiento de la segunda semana de junio de 2021 como la semana mundial de movilizaciones en defensa de la educación pública, la ciencia y la cultura,  en la cual se coordinen organizaciones de les trabajadores de la educación, asociaciones de familias y estudiantiles. Trabajaremos en el post congreso para impulsar la Marcha Global de les Trabajador@s de la Educación, los estudiantes y las familias y la realización de un Congreso Mundial de Educación Artística y Cultura;

 

Séptimo: Transformar el Grupo de Contacto Internacional que posibilitó llegar a este Congreso Mundial, en el Espacio de Encuentro Global de las Luchas en Defensa de la Educación Pública con el propósito de allanar el camino para la conformación de un espacio estable y permanente, la Coordinadora Internacional de los y las Trabajadores(as) de la Educación.

 

Octavo: se aprueba emitir por separado las declaraciones de solidaridad con las luchas de los pueblos y el movimiento pedagógico que fueron presentadas ante la mesa de debates.

Participantes en el I Congreso Mundial de educación 2020: en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo

 

martes, 29 de septiembre de 2020

En defensa de la libertad educativa



El sistema educativo debe promoverla libertad educativa, estableciendo un contexto educativo adecuado y con recursos suficiente para todo el alumnado, eliminando las barreras económicas y sociales en el acceso a los centros, y garantizando la libertad de pensamiento.
Determinados sectores de la sociedad española han redoblado sus esfuerzos para reivindicar lo que denominan “libertad educativa”. Para ellos, la libertad educativa equivale a que los padres puedan elegir (o ser elegidos por) colegios e institutos de titularidad privada sufragados con dinero público (centros concertados), proceso al que llaman “libertad de elección de centro”. Aseguran que así se garantiza el derecho a que los padres elijan la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones (Constitución Española, 27.3), a pesar de que la evidencia jurídica contradice su argumento (Tribunal Constitucional, sentencia 86/1985). Sostienen que la educación pública adoctrina a sus hijos en valores contrarios a los suyos. Su propuesta para evitarlo es ceder directamente la gestión de los centros a quienes defienden, en la mayoría de los casos y con escaso disimulo, intereses particulares (económicos, políticos y/o religiosos). Dicho de otro modo, quieren tener las manos libres para adoctrinar a sus hijos en valores que no respetan la diversidad ideológica, religiosa o sexual, y en un contexto que excluye a parte del alumnado. Y lo grave es que lo hacen y quieren seguir haciéndolo con dinero público.



En su férrea defensa, los supuestos adalides de la libertad educativa omiten, en primer lugar, que los titulares del derecho fundamental a la educación -que incluye la libertad educativa- son los niños y las niñas, y no sus padres. En segundo lugar, no mencionan que hay enormes obstáculos para que la libertad educativa se desarrolle de forma efectiva: no dicen que lo que realmente compromete esa libertad es que un niño asista a un centro con más del 80% de población vulnerable, porque ese contexto impide un aprendizaje adecuado para todos; que una niña de 3 años esté en una clase con otros 24 alumnos sin más apoyos que la tutora, porque esa situación limitará su aprendizaje en un momento clave de su desarrollo; que un niño sea invitado a marcharse de su colegio bilingüe por no seguir el ritmo, porque un centro debe atender a toda la diversidad y no lo hace; que una niña, por tener síndrome de Down, se vea obligada a irse a un centro de educación especial por carecer de los apoyos necesarios, porque se conculca su derecho a la inclusión; que un niño se eduque solo con varones, porque se le priva de entender y relacionarse de forma adecuada con otros géneros, o que a una niña se le obligue a realizar actividades religiosas en horario escolar, porque se compromete su libertad de conciencia. En estos y otros muchos casos se restringe gravemente la libertad educativa de la persona para acceder a una vida plena, respetuosa y con igualdad de derechos y oportunidades.

De esta forma, las propuestas de quienes hoy se proclaman sus defensores nada tienen que ver con la libertad educativa en términos sustantivos. La verdadera libertad educativa reside en que el origen y el contexto social de la niña y el niño no restrinjan sus opciones vitales. En un Estado democrático, el encargado de poner las bases materiales y sociales para garantizar ese principio es el sistema educativo, cuya finalidad es que todas las personas puedan elegir qué quieren ser en todos los ámbitos de su vida: en su trabajo remunerado, sus relaciones sentimentales, su identidad religiosa o sus ideas políticas. Para garantizar la libertad educativa, el sistema educativo debe asegurarse de que en su seno se respete la libertad de conciencia del alumnado, siempre bajo los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades fundamentales (CE, 27). Esta idea es incompatible con la imposición de formas de ser y de pensar por parte de grupos con intereses particulares de carácter económico, político o religioso.

En definitiva, el sistema educativo no puede soslayar su obligación y debe promover la libertad educativa estableciendo un contexto educativo adecuado y con recursos suficientes para todo el alumnado, eliminando las barreras económicas y sociales en el acceso a los centros, y garantizando la libertad de pensamiento. Ello solo es posible desde la ampliación y mejora de la escuela de titularidad pública, y a la ciudadanía corresponde defender y perfeccionar ambas, la libertad y la escuela pública, porque son lo mismo.




Fuente
Autor
Jesús Rogero

viernes, 22 de marzo de 2019

‘FAKE NEWS’, MANUAL DE RESISTENCIA CONTRA LA POLÍTICA DE LA MENTIRA


Para defender el derecho democrático a la información necesitamos identificar correctamente las fuentes y asumir la responsabilidad de no difundir noticias falsas. Pero la mejor defensa es contar con editores de prensa honestos y desenmascarar a los líderes políticos que alimentan las falsedades

Habla la gente de las fake news con sorpresa y admiración, en plan: “Oh, cosa curiosa”, como si desde que el mundo es mundo el ser humano no se hubiera dedicado, siempre y en todo lugar, a mentir y engañar. A las puertas de la segunda década del siglo XXI nos maravillamos de que los medios difundan información no fiable, vaya por Dios, cuando precisamente las modernas ciencias de la comunicación nacen en el siglo XX para estudiar los cómos y porqués de la manipulación de las masas por el totalitarismo mediante la seducción y el engaño. Ahora se centra en estudiar cómo la tecnología puede complicar más las cosas.
La confluencia de comunicación y cibernética pasa hoy por la llamada inteligencia artificial, que no solamente es un sistema hipercibernético para la gestión de las cosas in absentia humana sino que está concebido para que un observador no pueda identificar la acción maquinal realmente existente tras la apariencia de conducta humana que ofrece el mecanismo. Si seguimos aquí la ley de hierro del pensamiento crítico, “piensa mal y acertarás”, nos daremos cuenta de que el objetivo de la inteligencia artificial no es tanto la gestión de las cosas sin mediación humana operativa sino la simulación de una presencia y acción humana realmente existentes que permita torcer la reacción ante esa apariencia de acuerdo con los intereses de quien la introduce. De modo que menos lobos: las fake news no son más que un leve aperitivo del plato fuerte que nos aguarda en el festín que los poderes piensan darse a costa de la libertad y con factura pasada a los ciudadanos.
Se suele presentar las fake news como un problema periodístico, informativo y comunicacional, cuando no es sino un problema político. De hecho, se traduce erróneamente el concepto: no se trata de “noticias falsas” sino de pseudonoticias engañosas presentadas fraudulentamente con la intención de engañar y desinformar. Y esa intención no nace de entre el público receptor de la información sino desde los núcleos centrales del poder. Es Donald Trump el que empieza a hacer circular la expresión fake news para aludir, torticeramente, a las informaciones desfavorables que sobre él publican los grandes medios periodísticos estadounidenses, desde The New York Times hasta la CNN, y lo hace para tratar de desprestigiarlos o, por lo menos, sembrar dudas sobre su solvencia informativa. La supuesta colusión entre los intereses de Trump y los de Putin durante la campaña electoral de aquel, con acusaciones de injerencias rusas en dinámicas electorales estadounidenses, hace salir a la luz estrategias informativas putinianas basadas en la tergiversación y la confusión. Fake news es, pues, un aspecto reciente de las estrategias de desinformación harto practicadas durante el siglo XX en la comunicación de masas.
Y es ahí cuando aparecen diversas entidades comprometidas con la información democrática, encabezadas por la Unesco, promoviendo campañas de concienciación sobre el riesgo de las fake news. Proponen la educación de la ciudadanía en cuanto a identificación correcta de las fuentes y la fiabilidad de las informaciones, la responsabilidad de no difundir noticias falsas, y el uso inteligente de la comunicación para defender el derecho democrático a la información y su profundización. La Unesco impulsa una amplia e intensa actividad en torno a otro nuevo concepto, alfabetización mediática y digital (MILID, en sus siglas en inglés) cuya actividad concierne a profesionales de la comunicación, educadores, agentes sociales y ciudadanos activos.
Las fake news se encuentran en el centro de la educación y concienciación que la MILID quiere promover, pero el problema es que la educación mediática se da en el seno de la educación general, y esta no solamente produce formación e instrucción sino también analfabetismo funcional: personas que saben leer, pero no entienden lo que leen. Y ahí llegamos a donde se halla la madre del cordero: no es una supuesta capacidad perversamente oculta en las redes sociales o en la dinámica de la autocomunicación de masas donde se halla el caldo de cultivo para la diseminación de falsedades mediante las fake news sino en dos lugares muy concretos: la confluencia de la acción deliberada de poderes políticos, económicos y estratégicos para hurtar a la ciudadanía la información fiable a la que tienen derecho y las defectuosas políticas educativas de los gobiernos y sus consiguientes habilidades educadoras que deben hacer posible el sustrato cognitivo necesario para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
No se pidan pues a periodistas, comunicadores, educadores y medios cuentas de las fake news sino busquemos su origen real en el poder y en el dinero. La tarea de educar al público al respecto se le endosa a comunicadores y educadores, pero no son ellos los responsables, simplemente van a ir ahí a reparar los estropicios causados por otros. Así que no se cargue sobre las espaldas de la comunicación lo que debe ir a lomos de otras mulas.
España es un país cuyo panorama comunicacional se caracteriza por una curiosidad: la prensa impresa que se publica es prensa de partido que no se declara como tal. Lo es no sólo porque toma posiciones editoriales e informativas coincidentes con una u otra estrategia partidaria, lo es sobre todo porque es propiedad de los bancos que financian al mismo tiempo las campañas de los distintos partidos y les sostienen económicamente haciéndose cargo de sus deudas.
Periódicos y partidos políticos deben, a la vez, su existencia a las entidades bancarias que les pagan los gastos. Aquí empieza y termina el recorrido de cualquier discusión sobre credibilidad informativa en nuestra sociedad. Elucubrar sobre insidias relacionadas con fake news en ese panorama parece de ingenuos, pero es otra cosa: es el intento de desviar hacia los escenarios digitales de la autocomunicación de masas responsabilidades que corresponden a otros.
Algunos medios, precisamente, están llegando con mayor rapidez a cotas de irrelevancia precisamente por reproducir en el ciberespacio la misma fatídica alianza entre poder editorial, poder bancario y poder partidario con menor disimulo y, en algunos casos, manifiesta desfachatez, con el objetivo de cosechar en nichos de público previamente sembrados por otros medios ahora en recesión. El bruto de Trump sale a dar la cara en Twitter y moviliza a sus trollspara forzar a la realidad a doblegarse. Aquí somos más cucos y dejamos que los bancos jugueteen con las astronómicas deudas de los medios a los que desean inclinar.
No es que necesitemos más y mejores educadores en comunicación, que los necesitamos; no es que los periodistas deban contribuir a la alfabetización mediática, que deben; lo que necesitamos es editores de prensa dignos de tal nombre capaces de publicar información independiente. En un país cuya fake new más gorda la promovieron el propio presidente del Gobierno y el ministro del Interior un 11 de marzo de 2004.

Por Gabriel Jaraba

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